Con la aproximación del cierre del ejercicio fiscal 2026, cobra especial relevancia recordar que la formulación del estado de posición financiera y el levantamiento del inventario físico de existencias no son una práctica administrativa opcional, sino una obligación expresamente prevista en la legislación fiscal mexicana. Su omisión o indebida ejecución puede derivar en infracciones, multas y contingencias significativas ante una eventual revisión de la autoridad.
I. Obligación y Fundamento Legal
La obligación de levantar inventario físico de existencias al cierre del ejercicio aplica tanto a personas morales como a personas físicas con actividad empresarial, y se sustenta en las siguientes disposiciones:
Ley del Impuesto Sobre la Renta (LISR), Artículo 76, fracción IV. Obliga a las personas morales a formular un estado de posición financiera y a levantar inventario de existencias a la fecha en que termine el ejercicio, conforme a las disposiciones reglamentarias respectivas.
Ley del Impuesto Sobre la Renta (LISR), Artículo 110, fracción V (Régimen de Actividades Empresariales y Profesionales). Extiende la misma obligación a las personas físicas que realizan actividades empresariales, con levantamiento de inventario al 31 de diciembre de cada año.
Reglamento de la LISR (RISR), Artículos 110 y 192. Disponen que debe realizarse un inventario físico total de existencias a la fecha en que se formule el estado de posición financiera; la toma puede anticiparse hasta el último día del mes anterior al cierre o efectuarse mediante conteos físicos parciales durante el ejercicio, siempre que se realicen los ajustes necesarios para determinar el saldo real al cierre.
En todos los casos, el sustento documental del proceso, actas o formatos de conteo, conciliaciones contra el sistema de inventarios perpetuos, reportes de ajustes y evidencia fotográfica resulta indispensable como soporte documental ante una eventual verificación del SAT.
II. Consecuencias por Incumplimiento y Fundamento de las Multas
El incumplimiento de esta obligación no se limita a una observación de forma; puede derivar en sanciones económicas directas y en contingencias fiscales de mayor alcance:
Infracción
Fundamento legal
Sanción económica
(Cifras de 2026)
No llevar contabilidad
CFF, Art. 83, fracc. I / Art. 84, fracc. I
$2,220.00 a $22,110.00
No cumplir con las obligaciones de valuación de inventarios o no llevar el procedimiento de control de los mismos
CFF, Art. 83, fracc. II / Art. 84, fracc. II
$490.00 a $11,050.00
Más allá de la multa administrativa, el riesgo económico relevante suele derivar de efectos colaterales:
Rechazo de deducciones: Si no existe soporte documental adecuado del inventario y su valuación, la autoridad puede rechazar la deducción del costo de lo vendido, al no acreditarse los requisitos de las deducciones autorizadas (arts. 25, fracc. II, y 27 de la LISR). Lo anterior, en relación con la obligación de llevar control de inventarios y aplicar un sistema de valuación (arts. 39 a 43 y art 76 Fracc. XIV de la LISR; art. 28 del CFF y art. 33 de su Reglamento), el cual debe mostrar las existencias al final de cada mes.
Determinación presuntiva: Ante discrepancias entre el inventario registrado y el físico, la autoridad puede presumir ingresos omitidos por el valor de las diferencias no localizadas o no justificadas, y determinar presuntivamente la utilidad fiscal cuando existan irregularidades en la contabilidad, como la omisión o alteración del registro de existencias o el incumplimiento de las obligaciones de control y valuación de inventarios (arts. 55 y 59 del CFF). Esta presunción admite prueba en contrario.
III. Recomendaciones para el Cierre 2026
Programar la toma física de inventarios con oportunidad, considerando la posibilidad de anticiparse al 30 de noviembre o de realizar conteos parciales durante el ejercicio con sus respectivos ajustes.
Documentar íntegramente el proceso: instructivos de conteo, actas firmadas por los responsables, conciliaciones contra el sistema de inventarios perpetuos y evidencia fotográfica.
Investigar y aclarar cualquier diferencia detectada entre el registro contable y el conteo físico, con la autorización correspondiente de la gerencia.
Conservar toda la documentación soporte por el plazo legal de cinco años, a disposición de las autoridades fiscales.
El cumplimiento oportuno y documentado de esta obligación no solo evita sanciones directas, sino que constituye la primera línea de defensa ante cualquier revisión fiscal relacionada con el costo de lo vendido y la determinación del resultado del ejercicio.
